Devoto Magazine
Tras casi cinco años de reclamos, la Justicia porteña falló a favor de un amplio frente de organizaciones y personas con discapacidad, declarando la nulidad del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. La jueza Elena Liberatori demostró que se vulneró el derecho de participación ciudadana durante la elaboración de la normativa en la Legislatura.
La demanda fue iniciada por Eduardo Joly de la Fundación Rumbos, sumándose posteriormente personas con discapacidad, organizaciones sociales, ambientales y vecinales. El fallo cuestiona que las instancias de participación previa a la sanción del Código en 2018 fueron meros “trámites formales”, ya que los legisladores no dieron respuestas satisfactorias a los planteos realizados.
Según Liberatori, el nuevo Código “profundizó las condiciones materiales y sociales que generan discapacidad”, al permitir construcciones inaccesibles como microdepartamentos y baños de dimensiones reducidas. Además, “elude todo control ciudadano” sobre las veredas, prolongando sus condiciones de riesgo.
María Rodríguez Romero, de Fundación Rumbos, explicó que vieron “regresiones” en los borradores del Código, sin tener en cuenta avances previos ni la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Cuestionaron aspectos como la reducción de dimensiones mínimas de viviendas y dormitorios, haciéndolas inaccesibles para personas en silla de ruedas.
A pesar de plantear estas inquietudes, no hubo respuestas fundadas por parte del Estado. Liberatori señaló que los legisladores convirtieron la participación ciudadana en un “decorado” o “requisito a sacarse de encima”.
Rodríguez Romero destacó la importancia del fallo, que aunque apelable, es relevante para toda la sociedad al remarcar el derecho a la participación efectiva. Advirtió que desde 2018 se sigue construyendo una ciudad “expulsiva” para las personas con discapacidad.
