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10/04/2019
FALLO JUDICIAL  
Ordenaron suspender el funcionamiento de Rappi, Glovo y Pedidos Ya

La prohibición se debe a que las aplicaciones no cumplen los requisitos mínimos de seguridad establecidos en el Código de Transporte, que afectan principalmente a los repartidores.


El juez Andrés Gallardo ordenó al Gobierno de la Ciudad la prohibición de la actividad de las plataformas de mensajería y reparto de alimentos Rappi, Glovo y Pedidos Ya, hasta que las empresas no garanticen las condiciones de seguridad de los trabajadores. El dictamen judicial prohibió de “forma inmediata” el funcionamiento de las tres aplicaciones hasta que se cumplan los requisitos mínimos de seguridad establecidos en el Código de Transporte. Y es el Gobierno de la Ciudad quien debe ejecutar esta orden judicial, a través del Ministerio de Transporte o de Trabajo.

Según un relevamiento realizado, casi el 80 por ciento de los trabajadores circula con la caja de delivery cargada en la espalda, cuando debería estar sujeta a la moto o bicicleta; el 70 por ciento no cuenta con ningún tipo de seguro y más de la mitad no usa casco.

En el fallo se remarcó que la responsabilidad es de las empresas y no de los repartidores que muchas veces son multados por los agentes de tránsito por este tipo de faltas.

Para el juez, las empresas deben garantizar que los repartidores circulen con casco, que la caja portaobjetos esté correctamente colocada, que tanto las bicis como las motos tengan luces y bandas refractarias, y que los conductores circulen con seguro de vida y accidentes.

Gallardo también solicitó que el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat ejecute un “plan de contingencia económica y social” para compensar la reducción del ingreso de los repartidores mientras dure la prohibición del servicio.

Sin embargo, desde la Asociación de Personal de Plataformas (APP), sindicato formado para defender los derechos laborales de los repartidores de las apps, tomaron el fallo con cautela. Si bien festejan que la Justicia otorgue toda la responsabilidad a las empresas, les preocupa que las plataformas descarguen a su vez esta carga en los trabajadores con mayores gastos u obstáculos para trabajar.

Hace un par de semanas, la Justicia le ordenó a Rappi reincorporar a un grupo de trabajadores que habían sido “bloqueados” después de denunciar la precariedad de su situación laboral, pero la empresa no revirtió la decisión.

“Impedir que funcione una aplicación requiere intervenir internet y eso supone otras medidas… Entonces el Gobierno saca a los policías y agentes de tránsito para multar a los trabajadores por el incumplimiento de su empleador pero no persigue al empleador. Los choferes y repartidores son los que soportan el precio de la prohibición y las sanciones”, señaló Juan Manuel Ottaviano, abogado laboralista y representante de la Asociación de Personal de Plataformas (APP) a los medios de prensa.

 

Fuente: www.nueva-ciudad.com.ar


 

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