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09/05/2017
HOSPITAL ZUBIZARRETA DE VILLA DEVOTO  
Reclaman prorrogar un permiso de usufructo

En el 2008 la Cooperadora del Zubizarreta obtuvo el permiso de uso y usufructo de un espacio en el Hospital para explotar una propuesta gastronómica. La Junta Comunal emitió una resolución apoyando este pedido.


A mediados de este año, la Asociación Cooperadora del Hospital Zubizarreta comenzó a realizar gestiones para renovar el permiso de uso y usufructo de un predio que se encuentra al frente del Hospital, que da sobre la calle Chivilcoy, y que es utilizado actualmente como estacionamiento.

Ese espacio fue concedido por 10 años a la institución bajo los términos de la Ley 2931, promulgada a fines del 2008 en la Legislatura Porteña. Fundamentalmente, y tal como se ve en la imagen que acompaña este artículo, la Cooperadora pretende concretar el proyecto que aprobó la Legislatura: la instalación en ese espacio de un local de expendio de comidas y bebidas no alcohólicas. De concretarse, las utilidades del emprendimiento ayudarían a financiar sus múltiples actividades asistenciales.

“Para nosotros es muy importante prorrogar ese permiso, y por eso, a un año de su vencimiento, comenzamos las gestiones para renovarlo y comenzar a desarrollar el proyecto autorizado”, comentó Vicente Roccasalva, actual presidente de la tradicional institución asistencial devotense.

Según trascendió, la comunera por Cambiemos, Carolina Maccione, mantuvo encuentros con los miembros de la Cooperadora con el fin de orientarlos en la confección de las solicitudes y lograr sumar el apoyo de la Junta de la Comuna 11.

Consultada por nuestro medio, la Comunera confirmó que “En agosto la Junta emitió una resolución comunal en la que, dando cuenta de las competencias, facultades y atribuciones que nos confiere la ley de comunas, solicitamos al Poder Ejecutivo el tratamiento del proyecto de decreto que autorice la prórroga del permiso conforme dicta la Ley 2913”, aseguró Maccione. Antecedentes de la ley “Casi diez años atrás, nuestra institución

solicitó utilizar el predio a fin de continuar sosteniendo las actividades que le permitan realizar aportes para la mejora del servicio de salud pública, teniendo en cuenta que las contribuciones económicas voluntarias de la comunidad son, desde entonces, inestables e insuficientes dadas las necesidades del Hospital”, aseguró el presidente de la Cooperadora. Así entonces, la tramitación de ese pedido fue avanzando y culminó con la promulgación

de la Ley que habilitó que el espacio fuera destinado a la instalación de un local de expendio de comidas y bebidas no alcohólicas con ingreso exclusivamente interno desde el Hospital, cuya construcción debía ser previamente autorizada por el Poder Ejecutivo, a través de las autoridades correspondientes.

En septiembre 2011 nuestro periódico dio cuenta de la apertura de la licitación para la construcción del local y la adquisición del pliego técnico y condiciones generales y particulares, a partir del 15 de marzo y hasta el 8 de abril de 2011. “De allí en más la concreción de ese proyecto se fue dilatando y, por versiones de diversa índole, nunca llegó a cristalizarse” confirmó Roccasalva.

El articulado de la Ley indica que toda mejora o construcción que realice la permisionaria en el predio, deberá ser previamente autorizada por escrito por el Gobierno de la Ciudad y cumplir con las normas edilicias vigentes, quedando incorporadas al dominio de la Ciudad a la extinción del permiso, sin derecho a indemnización de ninguna naturaleza.

Asimismo destaca que la afectación del predio a un destino distinto o el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en la presente, dará lugar a la revocación del permiso que con carácter precario se ha otorgado, sin que ello genere derecho a  indemnización alguna a favor de la Asociación.

En otro artículo señala que el Gobierno de la Ciudad podrá rescindir ese usufructo en el momento que lo estime necesario, por razones de interés público, de oportunidad, mérito o conveniencia y comunicará a la Cooperadora tal circunstancia, otorgándole un plazo de 180 días para desocupar el espacio físico concedido.





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