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05/26/2010
Asesoría General Tutelar porteña  
Albergues de menores, en condiciones

A partir del 2 de junio entrará en vigencia la ley que obliga a las instituciones porteñas a mejorar sus condiciones.


En la Ciudad de Buenos Aires existen 99 instituciones que albergan a menores. En octubre del 2008, la Legislatura porteña sancionó la ley 2281 para regular “las condiciones de habilitación y funcionamiento de los establecimientos u organismos de atención para cuidado de niñas, niños y adolescentes”.

Esta norma establecía que las instituciones tenían 18 meses para adecuar sus instalaciones y funcionamiento a los requerimientos de la ley. Según informó la Asesoría General Tutelar porteña, el plazo concluye el próximo 2 de junio, sin embargo, ya se solicitó una prórroga por un año para la entrada en vigencia de la ley.

“La importancia de la puesta en marcha de la Ley 2.881 radica fundamentalmente en que la institucionalización de niños, niñas y adolescentes debe ser el último recurso, siguiendo los criterios de excepcionalidad de la internación y breve lapso posible.
En casos de menores institucionalizados, las instituciones de albergue deben cumplir con condiciones de habitabilidad, requiriendo indefectiblemente de una habilitación específica, siguiendo los lineamientos de la Convención sobre los Derechos del Niño y las leyes de Protección Integral”, describió la asesora General Tutelar de Menores e Incapaces, Laura Musa.

Entre los requerimientos que impone la ley, se establecen condiciones de habitabilidad mínima que deben reunir los establecimientos, la capacidad de ocupación para evitar el hacinamiento, y requisitos específicos que debe cumplir el personal.

Frente al pedido de prórroga, la titular del Ministerio Público Tutelar se preguntó “por qué estas instituciones habrían de adecuarse durante los próximos 12 meses a las exigencias de la ley si durante los 17 meses transcurridos siquiera han comenzado a hacerlo”.

“Entendemos que no debe hacerse lugar al pedido de prórroga y debe exigirse la aplicación de la ley de manera plena, y que en todo caso sea la autoridad fiscalizadora (Agencia Gubernamental de Control, excepto las materias de competencia del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y de la Dirección General de Niñez y Adolescencia) la que –en uso de sus facultades propias- aplique las medidas u otorgue los plazos de estilo para exigir la adecuación de las condiciones de funcionamiento, edilicias y de seguridad a las disposiciones de la ley”, remarcó Musa.

Desde la Asesoría General Tutelar, se señaló también que de las 99 instituciones que albergan menores, sólo 6 sedes pertenecen al Gobierno de la Ciudad, siendo las 93 restantes establecimientos privados que reciben importantes sumas del presupuesto asignado a la Dirección General de Niñez.

Según señaló la Asesoría, los montos por niño institucionalizado varían de acuerdo al tipo de asistencia: los paradores perciben 1.071; los hogares maternales, 1.306, 50; los hogares convivenciales, 1.330; Comunidad terapéutica, 2.025 pesos; 2.099 pesos por niño por atención especializada; para Atención de necesidades especiales/discapacidad, 4.717, 50; y 5.988 pesos para menores que requieren atención en Salud mental.

Fuente: Noticias Urbanas




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