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05/17/2013
POLÉMICA  
Denuncian a los 15 presidentes comunales por “abuso de autoridad y violación de los deberes”

Pablo Flores Brañez y Mauricio Jorge Yattah, miembros del Movimiento Comunero, presentaron una demanda contra quienes encabezan las Juntas Comunales en toda la Ciudad, por considerar que, desde que asumieron en diciembre de 2011, no han cumplido con sus deberes de funcionarios públicos por omitir publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad todos sus actos de gobierno. Aseguran que sus actitudes configuran “actos de corrupción”.

Mientras algunos comuneros y vecinos de los diferentes Consejos Consultivos de la Ciudad demuestran su preocupación por la falta de avance en materia de descentralización del poder y puesta en marcha del sistema comunal, Pablo Flores Brañez y Mauricio Jorge Yattah, del Movimiento Comunero, presentaron una denuncia penal contra los 15 presidentes de la Junta Comunales por el delito de “abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos”.

Los dos miembros de la agrupación que apunta a conseguir que se concrete la tan ansiada democracia participativa en la Ciudad, fundamentaron su denuncia en que los presidentes comunales son “responsables de la omisión, del rehusarse y del retardo de la publicación oficial en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires de los actos de gobierno comunal de las Juntas Comunales”.

Y argumentan que desde que asumieron los cargos públicos en diciembre de 2011 “nunca, pero nunca publicaron las resoluciones comunales, ni tampoco publicaron ningún otro acto o documento comunal dispuestos por la Constitución y la legislación comunal y administrativa porteña, como asimismo, dispuestas por la Constitución Nacional y la legislación civil, y convencional vigente”.

Brañez y Yattah aseguran que las actitudes mencionadas configuran “actos de corrupción”.

La causa recayó en el Juzgado Nacional en lo Correccional Nº 13, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Correccional Nº 3.

“Nuestra acción cívica y ciudadana y vecinal, se enmarca en la defensa de los intereses ciudadanos vecinales y barriales porteños, en el buen gobierno de las Comunas de la Ciudad de Buenos Aires, en la consolidación del Estado de Derecho porteño, y en la defensa de la autonomía de la Ciudad”, cierran. 

 




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