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07/19/2011
En un comunicado a la presidenta  
Los presos se oponen al traslado de la cárcel de Devoto

Mediante un texto, los internos explican las razones para su postura, entre las que se destacan el miedo a que se agraven sus condiciones de detención, que la distancia disminuya la cantidad de visitas y que se termine su centro universitario.

Si bien el anuncio presidencial del traslado de la cárcel de Devoto fue bien recibido por los vecinos del barrio, existen algunas voces opuestas. Tal es el caso de los internos del penal, quienes aseguran que se verán afectados por la distancia, las condiciones de detención y el Centro Universitario.

En una carta dirigida a la presidenta, Cristina Fernández, se indica que, tras el anuncio oficial, pasaron a “un estado de incertidumbre” respecto al lugar donde serán trasladados.

”En la actualidad, la cárcel de Devoto aloja aproximadamente 1.700 personas de los cuales cerca de un 70 por ciento somos procesados. Como tales, nos asiste el derecho a defensa en juicio así como la garantía de que nuestros lazos familiares sean respetados y favorecidos”, dice el texto, que continúa: “Todo el cuerpo normativo que regula las condiciones de detención establece claramente que será el Estado quien vele por el respeto de estas premisas. Si se concreta el traslado de la población carcelaria alojada en Devoto al mega Complejo penitenciario a construirse, los 120 kilómetros que lo separan de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires serán la causa principal de que los derechos enunciados sean violados por el mismo Estado que debería garantizarlos”.
Para ejemplificar su pedido, explican que en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz (a 40 Kilómetros de la Ciudad) los registros indican que la cantidad de visitas de abogados defensores y de familiares muestran una merma del 60 por ciento respecto de Devoto.
”Estas cifras, llevadas al triple de distancia en la ciudad de Mercedes, crecerían exponencialmente con el consecuente agravamiento de la situación procesal y el daño irreparable a nuestras familias”, justifican.
Asimismo, en el texto sugieren: “Sí podría ser destinado al alojamiento de los condenados que actualmente ocupan las cárceles federales más alejadas de la CABA”.
Respecto a las celdas individuales, hablan de un “sistema de castigos graduados encubiertos que llegan en muchos casos al aislamiento de las detenidas y los detenidos hasta veintitrés horas por día. El Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz, en sus diez años de existencia, es una vez más un patético ejemplo del agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención por estas causas. Cifras oficiales (ver informes anuales de la Procuración Penitenciaria Nacional) muestran el crecimiento año tras año de las muertes de detenidos en el citado Penal y de las denuncias por torturas y malos tratos”.

Para estos presos “el alojamiento en celda individual no garantiza por sí solo una disminución en los niveles de violencia si no es acompañado de una profunda reforma en la institución penitenciaria. Un cambio que debe contemplar una reformulación de la estructura del SPF -hoy militarizada- y en la formación académica de sus cuadros, así como el traspaso definitivo de la salud, la alimentación, el trabajo y los equipos criminológicos de evaluación de las detenidas y los detenidos del ámbito federal a instituciones y organismos de la sociedad civil que gestionen tales actividades y controlen el respeto a la vida, la dignidad y los derechos humanos tanto de las detenidas y detenidos como de las y los profesionales civiles que desempeñan su trabajo intramuros”.

Otro tópico es el del Centro Universitario Devoto, que funciona desde hace veinticinco años en la cárcel y que depende de la Universidad de Buenos Aires en el marco del Programa UBA XXII -educación en cárceles-, bajo las premisas de la autonomía universitaria, la autogestión estudiantil y la autodisciplina del detenido.

Los internos que estudian en este Centro tienen, por convenio, garantizada la permanencia en la Unidad donde cursan. “El eventual traslado atentaría claramente contra su derecho a la Educación”, expresan.

Y agregan que hay “estadísticas insoslayables” porque “de las personas detenidas que han pasado por sus aulas sólo un 7 por ciento reincidió en el delito, contra casi un 50 por ciento para la población carcelaria que no participó de esa experiencia”.

El texto cierra con que si se concreta el cierre del penal “el Estado Nacional y el Gobierno porteño” emprendan “la construcción de uno o más centros de detención dentro de la Ciudad para el alojamiento de procesados varones y mujeres y de condenados estudiantes de los sistemas judiciales Federal, Nacional y de la Ciudad”.

 

Fuente: Noticias Urbanas




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